Los derechos y garantías de los contribuyentes también existen frente a la administración tributaria

Ante la necesidad de respetar los derechos y garantías de los contribuyentes contenidos en la Ley 1/1998 el Gobierno dictó el pasado 4 de Febrero el Real Decreto 136/2000 el cual, desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el Reglamento General de la Inspección de los tributos (RD 939/1986).

NOVEDADES INTRODUCIDAS:
Los aspectos más relevantes de estas modificaciones son:
    1.- Los que atañen a la incidencia en el procedimiento inspector de la solicitud de comprobación general, si bien referida al tributo y ejercicio objeto de comprobación parcial por la inspección.
    2.- Los que se refieren a las reglas de cómputo del plazo general de duración de las actuaciones inspectoras, en lo que concierne a la determinación de las que se consideran interrupciones justificadas en el cómputo de dicho plazo, motivadas generalmente, por las actuaciones complementarias que la Administración debe realizar, así como a las que se consideran dilaciones imputables al contribuyente, las cuales, igualmente interrumpen el cómputo de dicho plazo. No obstante, no habiéndose dado las causas justificadas descritas, su efecto es que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones realizadas.
    3.- Se precisan en mayor medida los supuestos que habilitan para la ampliación del plazo inicial.
    4.- Se regula el procedimiento para la adopción del correspondiente acuerdo de ampliación, que será motivado y se notificará al interesado si bien no será susceptible de recurso.

ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACION: POSIBILIDADES DEL CONTRIBUYENTE ANTE LA DISCRECIONALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN A LA HORA DE DETERMINARLAS COMO PARCIALES O GENERALES:
Las actuaciones inspectoras pueden tener carácter general o parcial dependiendo de si tienen por objeto la verificación en su totalidad de la situación tributaria del contribuyente en relación con cualquiera de los tributos y deberes formales, de si tienen por objeto actuaciones de colaboración que le afecten dentro de los límites determinados por la competencia del órgano que realice las actuaciones, o dependiendo de los períodos a que se extienda la actuación inspectora y la prescripción del derecho de la Administración para determinar las deudas tributarias.
    - Las actuaciones serán en principio de carácter general pero podrán tener carácter parcial cuando venga exigido por ley o reglamento, cuando así se acuerde por el órgano competente haciéndose constar al inicio de las actuaciones y en caso de comprobaciones abreviadas (aquéllas que sólo utilizan los datos y antecedentes que obren ya en poder de la Inspección o cuando simplemente constaten la existencia de un débito tributario vencido y no autoliquidado deducido de la contabilidad, registros o documentos contables o extracontables del contribuyente).
    - Las actuaciones serán parciales cuando se refieran sólo a uno o varios de los tributos o deberes que afectan al contribuyente o a hechos imponibles determinados o de cualquier otro modo se circunscriba su objeto a límites más reducidos de los que se señalan en el párrafo anterior.

El contribuyente que está siendo objeto de una comprobación parcial por la Inspección de los Tributos tiene la posibilidad de solicitar, en un plazo de quince días desde la notificación del inicio de la actuaciones inspectoras, que dicha comprobación tenga carácter general respecto al tributo y ejercicio afectados por la actuación parcial, sin que tal solicitud interrumpa la actuaciones en curso.
Como resultado de esta solicitud, la Administración debe iniciar la comprobación de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud.De esta manera se restringe la discrecionalidad que tiene la Inspección para determinar el alcance de sus actuaciones cuando éstas se hayan determinado como parciales.

PLAZO DE DURACION DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS Y POSIBILIDADES DEL CONTRIBUYENTE:
Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas. No obstante, podrá ampliarse dicho plazo por otros doce meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
    1ª) Cuando las actuaciones revistan especial complejidad. En particular se entenderá que concurre esta circunstancia a la vista del volumen de operaciones de la persona o entidad, dispersión geográfica de sus actividades o su tributación como grupos consolidados o en régimen de transparencia fiscal internacional.
    2ª) Cuando en el transcurso de las mismas, se descubra que el contribuyente ha ocultado a la Administración Tributaria alguna de las actividades empresariales o profesionales que realice.

A los efectos del plazo mencionado no se computarán:
    1. LAS DILACIONES IMPUTABLES AL CONTRIBUYENTE: Supone el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el contribuyente. El cómputo de las dilaciones se contará por días naturales.
    2. LAS INTERRUPCIONES JUSTIFICADAS DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS:
        A) Petición de datos o informes a otros órganos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales o a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países por el tiempo que transcurra entre su petición o solicitud y la recepción de los mismos, sin que dicha interrupción pueda exceder, para todas las peticiones de datos e informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de doce meses.
        B) Remisión del expediente al Ministerio Fiscal, por el tiempo que transcurra hasta que, en su caso se produzca la devolución de dicho expediente a la Administración Tributaria.
        C) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa.
La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo de doce meses antes señalado, determinará que no se considere interrumpida la prescripción. De este modo los ingresos pendientes realizados después de la interrupción injustificada o del incumplimiento del plazo mencionado sin nuevo requerimiento previo comportarán el abono de los correspondientes recargos o intereses de demora sin que proceda la imposición de sanciones. Las demás declaraciones o comunicaciones presentadas fuera de sus plazos reglamentarios se entenderán realizadas espontáneamente.
Se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación concluyen en la fecha en que se dicte acto administrativo que resulte de dichas actuaciones.
El contribuyente tendrá derecho a conocer en todo momento, si así lo solicita, el cómputo de las dilaciones y de las interrupciones justificadas mencionadas anteriormente.

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